La Comunidad de Madrid ha decidido retomar el proyecto de la Ciudad de la Justicia, el megacomplejo que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre planteó en 2004, dentro de su primera legislatura, en la zona de Valdebebas con la filosofía de concentrar las sedes judiciales y contribuir a la rapidez del sistema al aglutinar a todos los estamentos jurídicos en el mismo hábitat. Un entorno planteado en su momento a lo grande. Un territorio virgen donde no habría problemas de ampliación, al contrario de lo que ya sucede en algunos inmuebles destinados a tal fin del centro de Madrid.
Con los edificios más vanguardistas diseñados por los arquitectos más chic del momento. Más de 300 estudios de todo el mundo se presentaron al concurso internacional de ideas —hubo seis maquetas finalistas— para un proyecto que contaría con 14 edificios y costaría unos 500 millones de euros. La teoría decía que Madrid podría presumir en 2011 del complejo de órganos judiciales más importante de Europa, concentrando y centralizando 19 sedes judiciales dispersas por Madrid sobre una superficie de más de 200.000 metros cuadrados cercana al aeropuerto de Barajas y a 10 minutos de plaza de Castilla. La práctica dijo otra cosa. Hasta ahora.
La Ciudad de la Justicia del futuro será más modesta. Adaptada a la realidad de un país sometido al azote de los mercados, incluido entre los PIIGS (acrónimo en inglés con una connotación despectiva que también engloba a Portugal, Irlanda, Italia y Grecia) y con más de cinco millones de parados, no está previsto como un plan faraónico. Al revés. Será low cost. Sus nuevos principios los marca la austeridad, la renuncia a los edificios singulares de la idea original y que su gestión será de carácter privado —mantenimiento, limpieza, seguridad...—, y no mixta como se manejaba en algunos mentideros.
El Instituto de Medicina Legal, que costó 19,3 millones de euros y es conocido coloquialmente como el Donut, será la excepción grandilocuente de un modelo actualizado a tiempos revueltos. El secarral predestinado terminará siendo urbanizado, siempre que se cumplan los planes del gabinete de Aguirre.
Para sacar adelante el proyecto la Consejería de Presidencia y Justicia, cartera responsabilidad de Regina Plañiol desde el pasado verano, coincidiendo con la caída en desgracia de Francisco Granados, sacará un concurso para la construcción y gestión del futuro campus por alrededor de 33 millones de euros anuales, precio similar al coste actual que el Gobierno de la Puerta del Sol soporta anualmente por el arrendamiento de alrededor de la mitad de las sedes judiciales bajo su ámbito de influencia en la capital. La Comunidad pretende de esta manera que el coste económico de la operación no suponga un sobreesfuerzo al presupuesto que destina a Justicia, que alcanza los 370 millones. En la actualidad, 107.400 de los 205.032 metros cuadrados de los distintos inmuebles están en régimen de alquiler.
Los trámites para plasmar la última versión de la Ciudad de la Justicia comenzarán tras la liquidación de la actual sociedad Campus de la Justicia. El Ejecutivo regional espera que el nuevo concurso esté listo el próximo año tras las correspondientes asistencias técnicas y de viabilidad económica.
Con el traslado, Presidencia liberará 98.000 metros cuadrados más de superficie en propiedad —entre los que figuran los juzgados de plaza de Castilla (48.670 metros cuadrados) o los juzgados de Primera Instancia de lo Civil en Capitán Haya (24.535)—, de los que podrá disponer para otros fines. La Comunidad no descarta vender algunos de los edificios que posee para lograr liquidez.
Lo que no sucederá en ningún caso, según insisten en la Puerta del Sol, es la privatización de la justicia. Los jueces y secretarios judiciales seguirán dependiendo del Ministerio, y los oficiales y demás personal hacia abajo seguirán siendo del Gobierno de Aguirre. El Gobierno regional asegura que la vinculación de los empleados con la Comunidad será la misma que ahora
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